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Desigualdad en educación superior

 

Ana Ligia Guillén

Coordinadora OEES

 

La situación de desigualdad en la distribución de los ingresos y las oportunidades, es un fenómeno mundial que tiene en América Latina su máxima expresión, al constituirse en el continente más desigual del mundo en términos de distribución de la riqueza.  En Latinoamérica, las brechas de desigualdad no han podido ser superadas y afectan a todo el continente.  Lejos de reducirlas, las políticas económicas de final del siglo pasado y presentes, las afianzaron en una dinámica estructural que no ha permitido su eliminación a pesar de los esfuerzos diferentes en escala y magnitud, que realizan las naciones en todo el continente.   En el caso de Costa Rica, un país caracterizado por una plataforma ancha de clase media y cuya población goza de garantías sociales y de servicios básicos de amplia cobertura, la desigualdad también ha ido calando las bases de ese entramado socioeconómico diferenciador, viendo incrementadas en la última década las brechas de desigualdad entre su población.[1]

El ámbito educativo, pese a ser uno de los mecanismos instrumentales y de valor formativo más importantes para reducir las brechas de desigualdad, es uno de los escenarios sociales en los que ésta se manifiesta en forma evidente, tanto en lo que refiere a su cobertura en los diferentes niveles de enseñanza, como a la calidad de la formación que reciben las diversas poblaciones. Por esta razón, los países latinoamericanos han tomado múltiples acciones que pretenden disminuir esta brecha, ampliando la cobertura y permitiendo que muchas personas ejerzan su derecho a la educación.

 

Desigualdad y educación

El término desigualdad comúnmente ha sido utilizado para reflejar realidades sociales diferentes asociadas al nivel de ingreso y de acceso de las personas a los servicios en una sociedad. La desigualdad supone una diferenciación y una brecha.  De esta forma, el tema de la desigualdad tiene especial relevancia, no solo porque permite proponer y desarrollar diferentes mecanismos para nivelar las oportunidades de las poblaciones más vulneradas, sino además porque se convierte necesariamente en una categoría de análisis teórico conceptual de las ciencias sociales.

La discusión acerca de los temas de igualdad, equidad e inclusión es amplia y en el caso de la educación, refiere especialmente al acceso o no que las personas tienen a las instituciones educativas y a las condiciones en que esas instituciones resuelven el ejercicio de ese derecho para las personas que asisten a ellas.  

El tema de la igualdad ordinariamente refiere a un tema normativo, que parte de un contrato social en el que todas las personas tienen los mismos derechos, garantizados en la constitución política de sus naciones.  Esa igualdad jurídica es, sin embargo, relativizada en la práctica, ya que algunas poblaciones y personas se ven privadas total o parcialmente de ejercer sus derechos a partir de condiciones que les obstaculizan ese ejercicio. En el caso de la educación, es importante establecer que las condiciones de desigualdad están asociadas al capital cultural de la familia, lo que a su vez se asocia al acceso y calidad de los servicios que reciben según su nivel de ingreso, zona geográfica de residencia y a la pertenencia a ciertos grupos vulnerados históricamente por su condición de género, socioeconómica, de etnia y discapacidad, entre otras.    Además, a lo interno de los países se producen importantes diferencias entre zonas urbanas y rurales, pobres y no pobres, indígenas y no indígenas, entre otros factores discriminadores. 

Asimismo, el tema de la equidad y la inclusión en la educación superior, no puede ser desligado del ámbito del sistema educativo en su totalidad, ya que las brechas de desigualdad en términos de acceso, permanencia y resultados en la educación universitaria, están ligados indisolublemente a los niveles previos de la educación.

El “VI Informe del Estado de la Educación” (CONARE, 2017) señala que en Costa Rica hay un aumento en la asistencia a la educación superior, alcanzando al 28,2% de la población de 18 a 24 años en el 2016.   Este aumento ha beneficiado especialmente a los quintiles de menores ingresos gracias a los programas de becas y a las acciones afirmativas desarrolladas por las universidades públicas para algunas poblaciones en condición de vulnerabilidad. Aun así, el Informe señala que la asistencia a la educación superior es mayor en la región central, en las zonas urbanas, entre las mujeres y entre los quintiles de más altos de ingresos, presentándose importantes brechas en el ámbito territorial y de género.  

En el primer caso la causa se asocia a la limitada cantidad y variedad de la oferta de carreras en las sedes universitarias regionales. En el segundo, se establece que siguen existiendo brechas importantes en la matrícula y titulación de mujeres en las carreras científicas y tecnológicas a favor de los hombres.  Finalmente, el acceso a la educación superior se ve afectado por desventajas en la educación pre universitaria, en temas como la baja graduación de secundaria, la diferencia en el quintil de ingreso y las regiones de origen del estudiantado en ese nivel educativo, todo lo cual impone un límite al crecimiento de la cobertura.  Es así como, por ejemplo, de la población de 18-24 años, sólo el 11,2% del quintil de menores ingresos asiste a la universidad, en contraposición al 58,1% del quintil de mayores ingresos.  

En cuanto a la población indígena, el Informe señala que sus condiciones de acceso han mejorado debido a políticas afirmativas que promovieron un mejor conocimiento de la ubicación y necesidades de esta población, aumentando el número de estudiantes que se matricularon para el cumplimiento del programa de Salvaguardia Indígena, contemplada en el empréstito del Banco Mundial suscrito por el Consejo Nacional de Rectores (CONARE) en el 2013.

 

Conclusiones

El entramado estructural neoliberal y su repercusión en los diferentes ámbitos de la vida institucional y social, alcanza al sistema educativo en todos sus niveles, presentando la educación superior mayores las brechas en su acceso y resultados.   

Las limitaciones impuestas por este modelo a grandes sectores de la población, constituyen a su vez, mecanismos excluyentes que limitan la cobertura, calidad y alcance de los proyectos educativos, especialmente para ciertas regiones y sectores poblacionales. Estas brechas, sin embargo, no son simples ni lineales y están cruzadas por las diferentes desigualdades que las sociedades imprimen en los diferentes contextos económicos y culturales. 

La ampliación de la cobertura educativa, la reducción del financiamiento del estado, las diferencias de calidad y cobertura en la oferta educativa, no sólo entre el ámbito público respecto al privado, sino también entre los diferentes territorios (por ejemplo, lo urbano y rural) o la diferencia entre las poblaciones atendidas (según género, etnias, discapacidad y otras) produce una segmentación de la educación. Ello, lejos de reducir las desigualdades existentes, se convierte en un eficaz mecanismo de reproducción de esas desigualdades. 

Mientras tanto, el mérito académico se constituye en el principal mecanismo de selección de ingreso de las universidades públicas, partiendo del supuesto de una sociedad igualitaria en la que todas las personas tienen los mismos derechos y oportunidades, la igualdad de oportunidades se ejerce sin restricciones y, por tanto, cada quien logra, según su esfuerzo y talentos, lo que se propone. Esta concepción, niega las diferencias naturales y sociales determinadas por el sistema socioeconómico y cultural, convirtiendo a la víctima en responsable de su propia situación y por tanto eludiendo las responsabilidades estatales y sociales que le corresponden para dotar a cada persona de la oportunidad real de ejercer su derecho a la educación.

Las universidades, tienen la innegable e impostergable responsabilidad de contribuir al desarrollo de sociedades más justas e igualitarias.  Pero esa responsabilidad no es solo desde el impacto proveniente del desarrollo de nuevo conocimiento y de la posibilidad de trascender en la práctica mediante el desarrollo de acciones que favorecen la investigación y acción social.  Su responsabilidad también proviene de desarrollar conocimiento y acciones efectivas respecto a la desigual distribución y transmisión de ese conocimiento.  Como bien público, la educación también debe ser redistribuida y se deben encontrar políticas y mecanismos que favorezcan esa redistribución.

 


[1] En Costa Rica, la acumulación de riqueza en los quintiles superiores, amplía las brechas de desigualdad.  “La desigualdad mantiene la tendencia a aumentar (solo los tres deciles más ricos

percibieron mayores ingresos, en especial el décimo. “(CONARE, 2016, pág.47)

 

BIBLIOGRAFÍA

CONARE. (2017). VI Informe del Estado de la Educación 2016. San José, Costa Rica.

Guillén, A. (2017). Propuesta para la implementación de un Observatorio sobre Equidad en

Educación Superior. Universidad Técnica Nacional, Alajuela. Recuperado el 20 de Noviembre de 2017, de http://www.utn.ac.cr/sites/default/files/attachments/PROPUESTA%20PARA%20LA%20IMPLE