Comunicado de Prensa CONARE
15 de octubre de 2026. El Consejo Nacional de Rectores (CONARE) manifiesta su profunda preocupación ante las mociones N.° 16, 104 y 105 presentadas al Proyecto de Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico 2027, expediente legislativo N.° 25.754, que proponen rebajas a los recursos destinados al Fondo Especial para el Financiamiento de la Educación Superior Estatal (FEES) y a programas de olimpiadas científicas.
La eventual incorporación de estas reducciones al presupuesto nacional tendría consecuencias graves para la planificación, la sostenibilidad y el desarrollo de las universidades públicas, así como para las oportunidades educativas que ofrecen a la población costarricense.
Una reducción de los recursos universitarios no constituye únicamente una afectación presupuestaria para las instituciones: compromete su capacidad para responder a las necesidades educativas del país y garantizar oportunidades de formación profesional a miles de personas. Sus efectos podrían repercutir en la oferta académica, la cantidad de cupos disponibles, el fortalecimiento de las sedes regionales y los recursos destinados a becas y otros apoyos estudiantiles.
Las oportunidades educativas universitarias públicas en riesgo
Las universidades públicas cumplen una función esencial en la ampliación de las oportunidades de educación superior en Costa Rica. Su labor comprende la formación de profesionales, la investigación, la innovación y el desarrollo de iniciativas que contribuyen al bienestar de la sociedad.
Una eventual reducción de los recursos disponibles pondría en riesgo la capacidad de las universidades para sostener y ampliar servicios fundamentales, entre ellos:
- Sedes regionales: el mantenimiento y fortalecimiento de la presencia universitaria fuera de la Gran Área Metropolitana, que permite acercar la educación superior a las comunidades y ampliar las oportunidades de formación sin que las personas deban trasladarse a otras zonas del país.
- Cupos de ingreso: la capacidad de atender la demanda de estudiantes que aspiran a cursar una carrera universitaria y de ampliar las oportunidades de formación en áreas estratégicas, incluidas las disciplinas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática (STEM).
- Becas y apoyos estudiantiles: los recursos que favorecen el acceso, la permanencia y la conclusión de los estudios, especialmente para quienes enfrentan mayores barreras económicas.
- Oferta académica y carreras universitarias: las condiciones financieras necesarias para sostener la oferta de carreras, atender las necesidades de las distintas regiones y responder a los requerimientos del desarrollo nacional.
- Docencia e inversión universitaria: la planificación de las actividades académicas, el fortalecimiento de la infraestructura y el desarrollo de las condiciones necesarias para brindar una formación de calidad.
La gravedad de estas posibles consecuencias radica en que una menor disponibilidad de recursos podría obligar a las universidades a revisar sus planes de desarrollo y sus posibilidades de ampliar o sostener determinados servicios. Entre los riesgos que deben valorarse se encuentran la reducción de cupos, el cierre de sedes regionales y la eventual necesidad de ajustar la oferta académica.
Estas repercusiones trascenderían el ámbito institucional. Afectarían también a estudiantes, familias y comunidades, particularmente en las regiones donde la universidad pública representa una oportunidad fundamental para acceder a la educación superior, mejorar las condiciones de vida y contribuir al desarrollo de sus territorios.
Respeto a los compromisos de financiamiento
Los recursos cuya rebaja se plantea en algunas de las mociones corresponden a fondos postergados del FEES, cuya recuperación fue contemplada en el acuerdo de la Comisión de Enlace para el Financiamiento de la Educación Superior Universitaria Estatal del 20 de noviembre de 2025.
Este acuerdo estableció un mecanismo para recuperar los montos pendientes de los períodos 2020 y 2021, mediante transferencias de capital destinadas a inversión. La rebaja propuesta genera preocupación por sus posibles implicaciones para el cumplimiento de los compromisos adquiridos y para la planificación de las cinco universidades públicas: la Universidad de Costa Rica (UCR), el Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC), la Universidad Nacional (UNA), la Universidad Estatal a Distancia (UNED) y la Universidad Técnica Nacional (UTN).
El financiamiento de la educación superior pública debe analizarse, además, en el marco de los artículos 78 y 85 de la Constitución Política, que establecen disposiciones fundamentales para la inversión en educación y el financiamiento de las universidades estatales.
El cumplimiento de los compromisos de financiamiento resulta esencial para que las universidades puedan planificar sus actividades, desarrollar proyectos de inversión y sostener las condiciones que permiten atender a la población estudiantil. Las decisiones presupuestarias deben considerar estas responsabilidades y las consecuencias que tendría una disminución de los recursos acordados.
Ciencia y formación de nuevas generaciones
CONARE también llama la atención sobre la moción N.° 105, que propone una rebaja de ₡462,2 millones a los recursos destinados a las Olimpiadas Costarricenses de Matemática y las Olimpiadas Científicas.
Estas iniciativas estimulan el interés por el conocimiento, desarrollan habilidades matemáticas y científicas e impulsan las vocaciones en áreas estratégicas para el desarrollo nacional. Su continuidad favorece la identificación y el fortalecimiento de talentos entre las nuevas generaciones.
Por ello, es necesario valorar las consecuencias que tendría una eventual reducción de su financiamiento sobre la ejecución de estos programas y las oportunidades de participación de la población estudiantil.
Un llamado a proteger las oportunidades educativas universitarias públicas
CONARE reconoce la importancia del análisis legislativo del presupuesto nacional. Sin embargo, considera indispensable que las decisiones sobre el financiamiento de la educación superior tomen en cuenta las repercusiones que tendrían las rebajas propuestas en el acceso, la equidad y la continuidad de los procesos educativos.
La eventual aprobación de estas mociones podría profundizar las limitaciones que enfrentan las universidades para ampliar sus oportunidades de acceso y responder a las necesidades de las distintas regiones del país. Las consecuencias podrían alcanzar a miles de jóvenes que aspiran a ingresar a una carrera universitaria, a estudiantes que requieren apoyo económico para continuar sus estudios y a comunidades cuya oferta de educación superior depende de la presencia de las universidades públicas.
Por esta razón, el Consejo Nacional de Rectores solicita respetuosamente a las señoras diputadas y los señores diputados que, durante el análisis del expediente legislativo N.° 25.754, no aprueben las rebajas propuestas y resguarden los recursos destinados al FEES y a los programas de olimpiadas científicas, en atención a los compromisos de financiamiento y a la importancia de garantizar la continuidad de las oportunidades educativas.
La educación superior pública constituye una oportunidad de formación y movilidad social para miles de personas, además de una capacidad estratégica para el desarrollo científico, productivo, cultural y social de Costa Rica. Proteger su financiamiento es contribuir a que más estudiantes puedan acceder a una carrera universitaria, permanecer en ella y concluir su formación, independientemente de su lugar de residencia o de su condición económica.