• Ante negativa del Gobierno de otorgar el 1% del FEES 2023 y ofrecer un insuficiente 1% para el 2024
• El Gobierno continúa evidenciando grandes contradicciones en materia de la gestión de la educación pública.

17 de julio del 2023. Al finalizar la séptima sesión de la Comisión de Enlace donde se negocia el presupuesto de la Educación Superior Pública 2024 (conocido como FEES) entre las universidades y el gobierno, se evidenciaron una vez más, grandes contradicciones en materia de gestión de la educación pública costarricense. La evidencia ratifica que el país enfrenta su peor crisis educativa en los últimos 30 años, no obstante, prevalece de parte del gobierno la negativa de cumplir con la asignación del 8% del PIB constitucional para la educación pública en todos sus niveles. 

Luego de varias sesiones de trabajo consensuamos un conjunto de compromisos, todos asociados al Plan Nacional de la Educación Superior, que vienen a ser una lista de peticiones del Gobierno vinculadas al Plan Nacional de Desarrollo, donde la inversión en las regiones y en poblaciones de alta vulnerabilidad se plantean como prioridad, pero no otorgan los recursos requeridos para sacar adelante esta tarea.  Cerca del 80% de las personas estudiantes de las universidades públicas provienen de colegios públicos y alrededor del 50% recibe una beca socioeconómica, pero también cuentan con atención en salud, equipo tecnológico para las clases que lo requieran, muchos necesitan alojamiento, entrar en programas de nivelación académica, entre otros apoyos.  Este Gobierno sigue sin entender las necesidades de la población estudiantil y los diferentes apoyos que les brindan las universidades estatales. 

Aquí no pierden las universidades públicas, pierde una vez más la educación pública y por lo tanto pierde Costa Rica, porque si el Gobierno no está en capacidad de invertir poco más de 5.000 millones de colones, aún pregonando importantes logros fiscales y reactivación económica, definitivamente la educación pública costarricense pareciera que no es prioridad. 

En esta negociación, las universidades públicas mostramos total apertura no solo al diálogo, sino a facilitar vías alternativas para agilizar la negociación. 

En cuanto al reconocimiento del 1% correspondiente al presupuesto 2023, presentamos tres propuestas concretas y flexibles, que le ofrecen opciones al gobierno para reconocerlo en tractos, incluso hasta el próximo año.

Lamentablemente, no vemos esa misma disposición en el Gobierno.  Primero la excusa fue la Asamblea Legislativa, luego argumentaron que sí hay voluntad política pero que no hay plata.  La nueva excusa es que la inflación 2023 es negativa, cuando esto se negoció en el 2022 en correspondencia con la inflación de entonces, cercana al 8%.  Además, tratan de confrontar a los estudiantes de primaria y secundaria con los universitarios, cuando la realidad del presupuesto de educación pública es que el MEP recibe y ejecuta, en promedio, un 80% del total de ese presupuesto y las universidades públicas sólo un 20% del mismo.   Finalmente, respecto a nuestras propuestas para que el 1% se gire, en tractos, en el próximo año 2024, ni siquiera nos exponen las razones de su negativa.

Sobre la propuesta para el financiamiento del 2024, el gobierno únicamente ofreció un insuficiente 1%, no obstante, este se nos presentó acompañado de otras propuestas como la posibilidad de utilizar los recursos propios de las universidades mediante la inclusión de un transitorio a Ley 9635, los cuales por aplicación de la Regla Fiscal no han podido ser utilizados y cuya aprobación es competencia exclusiva de la Asamblea Legislativa y la presupuestación de recursos particulares derivados de leyes nacionales que se adeudan desde el año 2019. 

Venimos asistiendo a una negociación donde continuamente se ataca por diferentes medios al CONARE, a los rectores y rectora, personalizando este proceso como si se utilizara para desprestigiar a las universidades estatales a través de sus autoridades. Esta negociación no se trata de personas, se trata de los recursos que necesitan las universidades públicas para continuar formando profesionales de calidad para este país y contribuyendo con el desarrollo de Costa Rica. 

Nuestro asocio con otros sectores, el apoyo que demos a marchas pacíficas, nuestros pronunciamientos sobre distintos temas no se negocian, las universidades fueron creadas para contribuir al bienestar social, material y espiritual de la Nación tal como lo establece la Constitución Política y la jurisprudencia que nos ampara. 

Comunicado CONARE

28 de junio del 2023.  Ante un video difundido por redes sociales por parte del Ministerio de Educación Pública donde se realizan afirmaciones falsas sobre las transferencias específicas, en calidad de rentas propias, que se establecen en la Ley 6450 y sus reformas (Ley 7386, 9635, 8457 y 9732) a las universidades públicas. El Consejo Nacional de Rectores enfáticamente desmiente lo dicho por la jerarca de Educación y aclara:

1.  Las transferencias específicas que se establecen en la Ley 6450 y sus reformas (Ley 7386, 8457, 9635 y 9732), se financian con recursos de impuestos sobre la renta, y con estos se dota a la Universidad de Costa Rica, Instituto Tecnológico de Costa Rica, Universidad Nacional y Universidad Estatal a Distancia de recursos propios para la inversión mayoritaria y estratégica en la operación de Sedes Regionales.  Es importante aclarar que la UTN no está incluida en estas rentas propias porque su creación fue posterior a la aprobación de la Ley original.

2. El Ministerio de Educación, cada año consulta a las universidades el monto que se debe incluir en la Ley de Presupuesto Nacional, pero estas transferencias no se financian con el presupuesto de este Ministerio, sino que se incluyen en este Ministerio en cumplimiento al Reglamento para Transferencias de la Administración Central a Entidades Beneficiarias, Decreto N°37485-H, que regula la presupuestación y traslado de estos recursos a cada institución. 

3. Cada año, en los informes mensuales de ejecución presupuestaria y en las liquidaciones de las universidades, se le informa a la Contraloría General de la República, al Ministerio de Educación Pública, al Ministerio de Hacienda y a la ciudadanía como se presupuestan y ejecutan estos recursos. 

4. Estas transferencias no son un “minifees” como despectivamente mencionó el señor Viceministro del MEP, sino que se fundamentan leyes específicas.  La verdad que debe imperar es que de no contar con estos recursos las sedes regionales se verían significativamente afectadas, pues se debe tomar en cuenta que tales recursos se destinan a inversión estratégica en programas y acciones de regionalización, especialmente en programas de vida estudiantil, la atención integral en salud, así como la operación de estos recintos. En el caso del ITCR: la Sede Limón, en la UCR Recinto Paraíso y Sede el Atlántico, en la UNA: Sede Brunca, Sede Chorotega y Campus Coto y en la UNED: se le brinda apoyo a sus 37 sedes ubicadas en todo el territorio nacional. 

5. Por todo lo anterior, señalamos que no es cierto que estos recursos están asociados al FEES, ni tampoco que se afecta ni que forman parte del presupuesto del Ministerio de Educación Pública. Tampoco es cierto, que no se cuenta con información con la manera en la que se utilizan estos recursos, ya que los mismos se crearon por Ley y la rendición de cuentas sobre estos se da en total apego a la normativa de los entes que las supervisan.   

6. El Ministerio de Educación dispone de información, mediante su Departamento de Formulación Presupuestaria de la Dirección de Planificación Institucional, como consta en múltiples oficios enviados al Consejo Nacional de Rectores y nuestra respectiva respuesta. Un ejemplo de ello corresponde a los oficios del año 2023, como lo son el DVM-PICR-DPI-DFP-0467-2023 el OF-ADI-044-2023, donde se demuestra que el MEP tiene conocimiento de la presupuestación y de lo establecido por Ley para el uso de estos recursos propios.

Comunicado CONARE

26 de junio del 2023.  Esta mañana los diputados de la Comisión de Hacendarios reafirmaron que la educación pública es una inversión no un gasto; la importancia que tiene para el país mantener la inversión y prioridad en la educación.  Esto fue parte del dialogo en la sesión de trabajo de esta mañana, entre legisladores y los rectores de las universidades públicas, que analizan el otorgamiento del 1% al Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) 2023.  

En esta reunión los rectores presentaron argumentos contundentes fundamentados en datos que justifican la importancia para la sostenibilidad financiera de las universidades el reconocimiento del 1% pendiente para el presupuesto 2023, así como, confrontaron declaraciones esgrimidas por las ministras y ministro de la Comisión de Enlace en la Comisión de Hacendarios, la semana anterior, referente a la gestión y a los indicadores en el acuerdo FEES 2023.

Durante el dialogo en la Comisión Legislativa los rectores enfatizaron la necesidad de establecer un pacto social en defensa de la educación pública, además hicieron un llamado a que el fortalecimiento de la educación pública debe ir más allá de posturas ideológicas.

En este espacio de intercambio las autoridades académicas presentaron datos sólidos de la gestión, de la población estudiantil, incumplimiento al artículo 85 de la Constitución Política, decrecimiento de remuneraciones, compromisos e indicadores contemplados en el anexo del acuerdo del FEES 2023, planificación universitaria pública (PLANES) y la rendición de cuentas, además de la importancia de concretar el 1% del FEES 2023.

Becas otorgadas

El 54,56% de todos los estudiantes en las universidades públicas contaron con algún tipo de beca y más del 70% en las sedes regionales.  

Se ha realizado un crecimiento sostenido de las becas del 2020 al 2023.  La inversión en becas estudiantiles y ayudas a estudiantes ha presupuestado ₡63.924 millones de inversión 2023, con un incremento de 6,48%.  

El 70% del 1% del incremento del FEES 2023 se invirtió en becas socioeconómicas, es decir ₡3.889,45 millones de incremento en becas y el FEES “creció” ₡5.591,99 millones.

Perfil de la población estudiantil  

Más del 82% de la población estudiantil proceden de colegios públicos, más del 66% de los graduados provienen de hogares cuyos padres no tienen un título universitario, 56% son mujeres y 44% son hombres.

En los últimos años se ha incrementado el acceso de estudiantes de los quintiles de menor ingreso.

El 48,6% de los estudiantes están en sedes de la GAM, el 34,6% estudiantes están en sedes regionales y 16,8% de los estudiantes proceden de las regiones y están en sedes de la GAM.  Más del 51% de los estudiantes están en sedes regionales o proceden de estas.

En lo referente a la empleabilidad para el 2022 los graduados de las universidades públicas tienen en promedio un 6% más de empleabilidad que el promedio nacional, lo que representa una empleabilidad de un 93,5% para los graduados de las universidades públicas y en promedio nacional es de un 87%.

Incumplimiento al artículo 85 de la Constitución Política 

Se ha dado un incumplimiento al artículo 85 de la Constitución Política: desde el 2019 el FEES ha sufrido rebajos que hasta el 2021 representa ₵72.590 millones de colones.

En el 2019 rebajo al FEES realizado en la Asamblea Legislativa, de 1, 96%, lo que representa ₵10.000 millones.  En el 2020 postergación a la transferencia de capital del FEES (Addendum al Acuerdo de Financiamiento 2020), 6,83%, ₵35.000 millones de colones.  En el 2021 Postergación del 5% del FEES+UTN, Acuerdo de Financiamiento 2021, se sufrió un rebajo de un 5,00%, lo que representa ₵27.590 millones.

Lo anterior no incluye ₵3,200 millones de aporte solidario de las universidades públicas por el COVID-19 ni ₵9,800 millones trasladados a la Comisión Nacional de Emergencia para la atención de la crisis sanitaria.  

Se incumple la Carta Magna no solo en el 8% del PIB para educación pública, sino que regresamos al 6% anterior.

Costa Rica en niveles bajos de inversión educativa pública 

De acuerdo con los datos de Education at a Glance OCDE, muestran que Costa Rica es uno de los países con menor inversión pública por estudiante de tiempo completo en instituciones públicas. Nuestro país invierte US $6.624 anuales, frente al promedio de la OCDE con US $10.678 en 2021, lo que ubica a Costa Rica en niveles bajos de inversión educativa pública, sobre todo en la educación terciaria.

Partida de remuneraciones en las universidades públicas decrece

La inversión en remuneraciones ejecutada por las Universidades Públicas 2020-2022 ha tenido un decrecimiento sostenido producto de las medidas de contención de gasto adoptadas por CONARE y las universidades estatales.  Una reducción en ₡8.382 millones en los últimos dos años: ₡-3.701 millones en 2021 y ₡-4.682 millones en 2022.

Compromisos e indicadores contemplados en el anexo del acuerdo del FEES 2023

Los indicadores prioritarios establecidos en la Comisión Enlace y plasmados en el anexo del acuerdo del FEES 2023 se encuentran integrados en el PLANES 2021-2025 y fueron construidos por los equipos técnicos del Gobierno y CONARE y refrendados por los miembros de la Comisión de Enlace.  La Comisión de Enlace estableció las líneas base con datos del 2021 y las metas se definieron con cumplimiento al 2026.  

Comprenden 11 criterios, 11 compromisos y 23 indicadores.  Los indicadores responden a fichas técnicas robustas y fundamentadas en el PLANES 2021 -2025 que facilitan su definición, evaluación y seguimiento.

Cada ficha técnica incluye el indicador, línea base 2021, situación al 2022 y meta al 2026.

Planificación universitaria pública (PLANES) y la rendición de cuentas

La educación superior pública se guía por el PLANES y los Planes Estratégicos Institucionales, ambos se vinculan con el Plan Nacional de Desarrollo y otros planes nacionales e internacionales.

El PLANES es la guía para la programación quinquenal y presupuestación anual de las universidades y del CONARE.

Además, en el marco de la trasparencia y del manejo de los recursos públicos las universidades públicas y el CONARE rinde cuentas ante: la Controlaría General de República, la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria y la
Contabilidad Nacional.   

Las universidades públicas y el CONARE cumplen con el marco legal y normativo del sector público: Ley 9635 Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, Ley 10159 Marco de Empleo Público y Disposiciones de la Regla Fiscal.

Importancia de concretar el 1% del FEES 2023

El reconocimiento del 1% sobre el monto de FEES 2022, en cumplimiento del convenio actual y cumplimiento de la Constitución Política (¢5.591,9 millones).  Se utilizaría para: reforzamiento en el fondo de becas y ayudas a estudiantes, inversión en regiones, infraestructura, mantenimiento de instalaciones y equipamiento.

Los ¢5.591 millones adeudados representan un 7,7% del total de rebajos y postergaciones.

Si se otorga el 1%, el crecimiento del FEES 2023 sería de un 2%, respecto al 2022, estaría por debajo del techo de Regla Fiscal 2023 que corresponde a 2,56% y muy por debajo del reconocimiento del costo de vida establecido en el Art. 85, que en el 2022 correspondió a un 7,88%.

El FEES del 2023 es el más bajo de los últimos 13 años, como porcentaje del PIB, 1,21%.  De continuar esta tendencia las universidades públicas comprometen su sostenibilidad financiera en el corto y mediano plazo.